Las Aguas Residuales en la Jurisprudencia Del Consejo de Estado

El vertimiento de aguas residuales en Colombia representa un importante problema ambiental en el país, ya que tan solo el 26% de las aguas recibe algún tipo de tratamiento. Se trata de una problemática de doble naturaleza; por un lado, está la falta de eficacia normativa de las disposiciones que obligan a tratar las aguas residuales previamente a las descargas a los cuerpos de agua que hoy soportan estas grandes cantidades contaminantes; y, por otro lado, hay una ausencia de voluntad...
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El vertimiento de aguas residuales en Colombia representa un importante problema ambiental en el país, ya que tan solo el 26% de las aguas recibe algún tipo de tratamiento. Se trata de una problemática de doble naturaleza; por un lado, está la falta de eficacia normativa de las disposiciones que obligan a tratar las aguas residuales previamente a las descargas a los cuerpos de agua que hoy soportan estas grandes cantidades contaminantes; y, por otro lado, hay una ausencia de voluntad política por parte de los gobiernos para el tratamiento de las aguas residuales en los centros poblados y zonas rurales del país. Este trabajo recopila esa gran preocupación de la Administración y compila algunos fallos de la jurisprudencia del Consejo de Estado en esta materia, pues la falta de tratamiento de las aguas residuales conlleva la afectación de derechos fundamentales y colectivos de los asociados. El análisis se realiza por medio de la construcción de líneas jurisprudenciales en materia de vertimientos de aguas residuales, las cuales tienen como principal insumo la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano durante el período 2003-2014, tomando como referencia el fallo del Consejo de Estado sobre la Acción Popular del Río Bogotá, del cual se hace un estudio detallado por ser considerada la sentencia hito para esta investigación. Se trata de una investigación que demuestra la relevancia de la problemática ambiental como una preocupación transversal de toda la actividad de la Administración Pública, en la que se involucren funciones de policía administrativa, servicio público, y regulación, con el fin de lograr una gobernanza ambiental real y efectiva.